Políticas para la transformación social y la justicia de género

Carmen Castro

Las políticas públicas pueden ser un instrumento potenciador de la transformación necesaria de la realidad  y de la superación de las desigualdades estructurales; la situación de emergencia social y de género actual requiere de reformas urgentes de políticas públicas que atiendan las necesidades más urgentes pero posibilitando la orientación hacia el cambio de modelo de sociedad; a estas alturas deberíamos tener claro ya que cuando las politicas públicas no están orientadas a la justicia de género lo que provocan es el sostenimiento del mismo status quo patriarcal, aunque sea con otro collar.

Desde la perspectiva feminista es necesario que las reformas a realizar permitan salir de la división sexual del trabajo existente. Invertir en igualdad es la clave, a través de tres tipos de políticas con las que implementar el cambio: políticas de redistribución, de reconocimiento y de representación.

Las políticas de redistribución se refieren tanto a los recursos (naturales, materiales, económicos y de tiempo) como a las oportunidades y responsabilidades; con ellas se trata de eliminar el actual sesgo androcéntrico para que el resultado sea el de situaciones de equidistancia respecto al acceso y uso que mujeres y hombres hacemos de los recursos y de la asignación de responsabilidades.

Un ejemplo de la necesidad de este tipo de políticas para una redistribución equitativa lo aporta la persistencia de las brechas de género en el trabajo, tanto en el remunerado como en el trabajo no remunerado; estas brechas, que se agudizan cuando hay hijxs menores de 6 años, sirven de indicador de la división sexual del trabajo y de la vigencia del esquema tradicional de familia de hombre ‘gana-pan‘ con esposa dependiente y dedicada al cuidado y atención al resto de las personas del núcleo de convivencia, a pesar de la mayor diversidad de modelos familiares.

Las políticas de reconocimiento se refieren a la resignificación, al valor social y económico que deconstruya las asimetrías de género existentes. Un ejemplo es el relacionado con ‘los cuidados’ y concretamente la aportación que se realiza desde la economía feminista de hacer emerger los cuidado como una necesidad social. Ubicar los cuidados como una responsabilidad social, colectiva, común y pública, significa, por una parte, desmontar la desvalorización de todo lo que tiene que ver con la reproducción social y las asimetrías construídas en torno a la división sexual del trabajo. Y por otra parte, considerar que tanto los procesos de producción como los de reproducción social son indisociables y que es precisamente su interacción lo que genera valor social y, por lo tanto, también riqueza.

Las políticas de representación se refieren a la profundización de la democracia, no solo a través de la imagen con la que se proyecta la sociedad, su diversidad de intereses, perspectivas y necesidades, si no también a través de mecanismos que posibiliten la plena participación en la vida social, económica y política de mujeres y hombres como pares, es decir, como iguales.

Coincido con Nancy Fraser cuando argumenta que no es posible el reconocimiento en igualdad sin redistribución equitativa; así pues, las políticas para la transformación social han de interaccionar en ambos sentidos simultáneamente. La buena noticia es que hay propuestas que nos podrían facilitar la incorporación del cuidado como necesidad social en la agenda politica y económica, incidiendo en la reorganización social de los tiempos y en la redistribución equitativa del trabajo remunerado y no remunerado.

Un ejemplo de esto sería la acción combinada de tres ejes de reforma: a) reparto equitativo del trabajo remunerado (empleo) a través de la reducción de la jornada laboral máxima para todxs; b) reparto equitativo del trabajo no remunerado, incidiendo, por ejemplo, en el uso del tiempo para el cuidado infantil, a través de la reforma del sistema de permisos por nacimiento para que sean iguales, intransferibles y bien remunerados; y c) la resignificación de la responsabilidad social compartida, a través de la creación de una red de servicios públicos suficientes para satisfacer las necesidades de cuidados.

A) La reducción del tiempo de trabajo remunerado permitiría repartir el recurso – escaso – del empleo, de manera que hombres y mujeres accediesen en condiciones de igualdad al desarrollo profesional y a la generación de ingresos con los que gestionar sus proyectos de vida. También permitiría realizar un reparto más equitativo de los tiempos de vida, dedicando cada quien, por ejemplo 5 o 6 horas diarias máximas al trabajo remunerado, y disponiendo de tiempo de calidad para atender otros campos de interés sociopersonal (relaciones sociales y de afectividad, crecimiento personal, políticas y actividades comunitarias, etc.) Esto posibilitaría romper la dinámica perversa de vivir para trabajar/trabajar para ganar/ganar para consumir.

B) Sobre la reforma del sistema de permisos por nacimiento (iguales, intransferibles y remunerados al 100% de la base salarial) es importante mencionar que existe ya una propuesta de reforma legislativa para la equiparación plena en el estado español y las evidencias empíricas, del análisis comparado a nivel europeo, sugieren que podría tener un efecto favorable sobre la fecundidad, el bienestar, el desarrollo cognitivo de las niñas y niños y la corresponsabilidad. Todo ello contribuiría a diluir el lastre de la división sexual del trabajo y tendría un efecto multiplicador en el avance hacia una sociedad igualitaria.

C) Servicios públicos de cuidado externos al ámbito familiar. Esta propuesta además de incidir en la reorganización social de los tiempos de vida, es también una propuesta básica de derecho de ciudadanía, muy importante, sobre todo, para la universalización de los derechos de infancia.

Frente a las críticas que aluden al extrañamiento de la satisfacción de los cuidados fuera del hogar, o del riesgo de ‘mercantilizar’ la provisión de estos cuidados, convendría recordar que, precisamente, es en los países en los que el cuidado para satisfacer las necesidades básicas se ha sacado del hogar y se ha ofrecido desde el sector público, donde hay una proporción mayor de personas que se ocupan de sus familiares, (Islandia, Suecia, Noruega o Dinamarca), respecto a los países de modelos más ‘familiaristas’. La diferencia es el tiempo de calidad prestado y el modelo de familia que lo sustenta.

Se trata de tres propuestas simples y viables económicamente con un alto potencial transformacional para dar un giro al modelo de sociedad actual y orientarnos hacia entornos de convivencia basados en la equivalencia humana y la sostenibilidad de la vida, también económica. Obviamente, cualquiera de estas tres propuestas iniciales tendrá repercusiones en la configuración del sistema de protección social y en la reorientación de las prioridades de política económica.

Es tiempo de construir una nueva realidad, en la que la identidad de las mujeres como sujetos políticos y económicos no esté cuestionada ni tutelada.

Fuente: http://singenerodedudas.com/blog/politicas-para-la-transformacion-social-y-la-justicia-de-genero/

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