Justa Montero: Nosotras decidimos

Para las mujeres no hay nada más personal ni político que nuestro cuerpo. Desde el feminismo afirmamos lo que a estas alturas debería ser una obviedad: “Mi cuerpo es mío”. Esto ha sido y es una expresión de la exigencia de libertad, autonomía, justicia social y derechos. Por eso, las políticas neoliberales y el fundamentalismo católico han establecido una mortífera alianza patriarcal para negarlos e intentar cercenarlos. Así el intento que desde el poder se realiza para controlar la sexualidad y la reproducción se convierte en uno de los instrumentos más importantes para tratar de someter a las mujeres al orden que tratan de imponer y está en la base del discurso que intenta legitimar los brutales recortes.

El momento elegido para presentar el anteproyecto de reforma de la Ley del Aborto y su propio contenido, es un ejemplo de cómo se utiliza nuestro cuerpo como moneda de cambio. En este caso es el Gobierno quien lo hacepara asegurar el voto de los sectores más montaraces del PP. No es ni mucho menos la primera vez que sucede, pero parece claro que en momentos de crisis, el control de la reproducción y la sexualidad de las mujeres, y por tanto de sus cuerpos, se convierte en un elemento fundamental para reprivatizar la reproducción social.

Carga ideológica

El propio título de la ley ya tiene una gran carga ideológica: “Ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”. Se considera a las mujeres seres portadores del feto y con derechos derivados de la condición de embarazadas. La maternidad no se contempla como una opción dentro del proyecto de vida de las mujeres, sino una imposición y un imperativo que marca la naturaleza de la condición femenina. Las mujeres desaparecemos del discurso como sujetos de derechos para pasar a ser objetos de los derechos “del concebido” en un alarde de desprecio absoluto a nuestros diversos proyectos de vida.

El título también se refiere a la vida del “concebido”, al que atribuye personalidad jurídica, lo que encuen­tra un inestimable apoyo en la Constitu­ción. Ahora que se está revisando críticamente la llamada Tran­sición política, conviene no olvidar que la Transición también está en deuda con las mujeres. la Transición también está en deuda con las mujeres Los pactos que se suscribieron y que acabaron dando forma a “la Carta Magna” también utilizaron el cuerpo de las mujeres como moneda de cambio. El texto aprobado fue un regalo para los antielección (entonces con distintos ropajes y siglas), que consiguieron imponer que no “todas las personas tienen derecho a la vida”, sino “todos tienen derecho a la vida”. Un pequeño matiz con una enorme significación y trascendencia que provocó la crítica de todo el movimiento feminista de la época y que en la actualidad sirve al Go­bierno para incluir en ese “todos” al nasciturus y despojarnos de nuestro derecho a decidir.

Anteproyecto perverso

Si la propuesta del Gobierno saliera adelante, el 94% de las mujeres que abortan se convertirían en “delincuentes”, fueran o no a la cárcel, porque una de las funciones de esa propuesta es criminalizar y estigmatizar el aborto. Supondría, en la práctica, su prohibición, salvo para algo más del 5% de las mujeres que interrumpen voluntariamente el embarazo. Es decir, para el 0,02%, que son quienes abortan por haber sido violadas, y el 5,67%, que lo hacen acogiéndose al supuesto de riesgo grave para su salud y su vida.

Quizás, si se confirma la táctica que utiliza el PP por la que, tras propuestas extremas que generan un rechazo generalizado, se incluye alguna variación haciéndola aparecer como una mejora, puede que en el texto final incorpore la despenalización del supuesto de “riesgo de malformación grave del feto”. En ese caso, el porcentaje de mujeres que podría interrumpir voluntariamente su embarazo en las crueles, inhumanas y degradantes condiciones que prevé el anteproyecto llegaría al 8%.

Esto es una parte del problema; la otra es la situación en la que quedará el resto, ni más ni menos que el 94% o 92% de las mujeres que abortan, a las que el Gobierno situaría fuera de la ley. La consideración penal del aborto se refuerza, ya que serán muy pocas las mujeres que podrán abortar en los supuestos despenalizados.El centro del problema es que el aborto se considera un delito y el centro de la solución es que se regule como derecho y salga del Código Penal.

¿Noventa mil mujeres van a tener que salir a otros países a abortar?  Semejante escándalo hace pensar en la imposibilidad de que lleguen a aplicar la ley, y también en las diversas formas de desobediencia civil que, en caso de que se aprobara el anteproyecto, habrá que poner en marcha. No nos coge de nuevas, y como dice la canción: “cuidado, cuidado, os avisamos, somos muchas más que cuando empezamos”. La negación del derecho al aborto está en la base de la involución democrática a la que asistimos y por la que tratan de imponer su salida a la crisis. Las libertades, la ciudadanía inclusiva y la democracia como aspiración que compartimos mucha gente son incompatibles con negar la posibilidad de decidir sobre su vida a las mujeres. La defensa del derecho al aborto nos compete a todas y a todos.

Fuente: Periódico Diagonal

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