Andalucía creará comisiones contra la trata de mujeres, que serán consideradas víctimas de violencia de género

PATRICIA RODRÍGUEZ PAGÉS 

Las víctimas de trata serán consideradas por primera vez víctimas de violencia de género.

Es el negocio ilegal que más dinero mueve en el mundo, sólo por detrás del tráfico de drogas. Cada vez que una mujer cae presa en las redes de trata, se violan todos sus derechos humanos. Sólo en 2012, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) atendió a  5.148 mujeres prostituidas y víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual en Andalucía. Esclavas sexuales del siglo XXI: uno de los delitos más comunes, en el que la mujer tratada se convierte, además, en víctima del propio proceso policial y judicial que se abre tras su rescate.

La magnitud del problema y la fuerza de los datos ha despertado conciencias y, por primera vez, estas mujeres serán consideradas víctimas. La Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, aprobada hace unos días en el Consejo de Ministros, las incluye como tal, con el fin de que puedan beneficiarse de la red de apoyos y servicios creada en torno a la violencia de género, y porque la directiva europea por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, aprobada a finales de 2012, así se lo exige a los países miembros de la UE.

En este contexto, Andalucía trabaja ya en la creación de comisiones de trabajo en cada una de las provincias que aborden el problema desde todas las vertientes. La primera de estas comisiones “piloto” se creará en Málaga, pues es la provincia con más casos. Los primeros contactos se iniciarán en septiembre. A Málaga, le seguirá Sevilla y así hasta completar grupos de trabajo en las ocho provincias andaluzas.

Estas comisiones estarán formadas por representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Instituto Andaluz de la Mujer, de las subdelegaciones del Gobierno, de la Unidad de Coordinación de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, de la Fiscalía de Extranjería y delTurno de Oficio especializado en trata del Colegio de Abogados de Sevilla, un servicio pionero en toda España puesto en marcha por elColegio de Abogados de Sevilla en 2010. Hoy su trabajo es referencia en todo el país, pese a que España es uno de los estados de la UE donde más mujeres son obligadas a ejercer la prostitución. Así lo señaló en abril el único informe que ha realizado el Eurostat sobre el tema: entre 2008 y 2010 más de 23.600 personas fueron esclavas sexuales en la UE, el 15% niños o niñas. España era el segundo país con más casos, sólo por detrás de Italia.

“Antes de la existencia del turno, las víctimas no tenían ni idea del proceso en el que estaban inmersas, qué plazos había, los interrogatorios, qué tipo de tribunal iba a intervenir, qué habían declarado las otras partes. El desconocimiento era inmenso”, explica Amparo Díaz, coordinadora de este servicio pionero y especializada en violencia de género desde hace más de dos décadas. Sin voz. Rotas. Las ONG dedicadas a la asistencia y apoyo de estas mujeres no podían acompañarlas al juicio, con lo que estas mujeres se veían inmersas en un proceso judicial muchas veces sin abogado, sin procurador, sin poder interactuar y con pocos derechos a que su voz como víctima se escuchara.

Andalucía lleva trabajando en la formación y puesta en marcha de estos grupos meses antes de que la propia Estrategia Nacional contra la Violencia de Género pasara por el Consejo de Ministros. Las instituciones implicadas en este trabajo, y consultadas por Andalucesdiario.es, coinciden en la necesidad de que por fin se aborde el tema desde la perspectiva de las víctimas.

“Es necesario que confíen en la Justicia para que no retiren la denuncia”, comenta Amparo Díaz, que está segura de que si se aborda el tema desde la perspectiva de los derechos humanos será más fácil que las mujeres, después, confíen y colaboren con la Policía para poder luchar contra las mafias.

El objetivo de estos grupos de trabajo será, entre otros, elaborar protocolos de colaboración, se hará seguimiento de casos concretos, se tratará de impulsar los turnos de oficio en otros colegios de abogados, se hará seguimiento de los recursos de apoyo existentes, tanto estatales como autonómicos, con el fin de crear una red “fuerte” de apoyo, según explican desde la Delegación del Gobierno en Andalucía. Uno de los puntos sobre los que se trabajará a fondo será en la formación de técnicos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un pilar fundamental a la hora de ayudar a estas mujeres a salir del infierno.

“Para poder ayudarlas es necesario tener una absoluta conciencia del problema, de dónde vienen… porque es muy difícil su defensa: vienen de algo muy brutal, son mujeres que están desbordadas, llenas de ira y frustración y les es muy complicado explicar el proceso por el que han pasado. Es como si tuvieran un grito permanente en su cabeza. Por eso aunque les hables, les aconsejes, no escuchan”, afirma Díaz. Cuando son rescatadas por la Policía la mayoría niega su condición de víctimas de trata y se niegan a colaborar. Muchas están amenazadas, otras temen que las mafias les hagan daño a sus familiares en sus países de origen. Todas deben pagar la deuda sustraída con los proxenetas por el viaje y la manutención.

El Turno de Oficio ha conseguido acompañar, representar y defender los intereses de estas mujeres en los casos de trata y en los casos en que se dan otras formas de explotación sexual como prostitución forzada o la pornografía. Sin embargo, la tarea es compleja.

“En estos años que lleva al turno abierto, se ha dado un salto cualitativo muy grande. Hay bloqueos porque no hay respuestas fáciles, pero se van dando pasos”, dice Díaz. Actualmente hay 140 abogados en el turno de oficio y sólo ocho oficios abiertos. Desde que funciona el turno son atendidas entre diez y 15 mujeres al año. Tienen miedo y la mayoría retira la denuncia.

El 90% de mujeres que ejercen la prostitución en España son extranjeras. Proceden de Europa del Este (36%), de Latinoamérica (32%) y del África Subsahariana (sobre todo de Nigeria). Hasta ahora, las que no tenían papeles se veían en la tesitura de o colaborar con la Policía en la denuncia de sus proxenetas, y obtener así el permiso de residencia, o verse expuestas a un expediente de expulsión del país. Las ciudadanas europeas corría aún peor suerte: la más absoluta invisibilidad.

España había desarrollado un marco legal que protegía a las víctimas de la trata. Por ejemplo, el Estado tenía la obligación de no devolver a una víctima de trata a su país de origen si peligraba su integridad física o su derecho a la vida, o si corría el riesgo de convertirse nuevamente en víctima de trata. Sin embargo,  según la Red Española contra la Trata, la dificultad de aplicar estas medidas de protección “radica en que las autoridades siguen abordando el tema de la trata de personas desde un enfoque de persecución del delito y control migratorio”, lo que supone la “utilización” de la víctima como testigo y la aplicación de las normas migratorias a toda persona que se encuentre en situación administrativa irregular.

Al considerar a estas mujeres como víctimas de la violencia de género, su atención y ayuda serán prioritarias tengan o no papeles, colaboren o no con la Policía.

VÍCTIMAS INVISIBLES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Palabras de un responsable de la Guardia Civil: “Cuando realizamos una operación en un club de alterne, identificamos a las mujeres y pedimos a los clientes que se marchen. Hay que respetar su derecho a la intimidad”. Esta afirmación fue realizada en unas jornadas sobre trata de mujeres, organizadas por el Colegio de Abogados de Sevilla hace unas semanas. Sobre el aire de la sala, planeaba una pregunta  que no obtuvo respuesta: si la trata de mujeres con fines de explotación es un delito, recogido en el Código Penal desde 2010, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado intervienen en clubes y prostíbulos ante la sospecha de que hay mujeres secuestradas y obligadas a ejercer la prostitución, ¿por qué no se identifica a los clientes, al menos, como testigos en la escena donde supuestamente se ha cometido un delito?

“Falla el reproche social y político que hay que hacer a los clientes, que también atentan contra los derechos humanos”, asegura tajante Amparo Díaz. “¿No tienen responsabilidad como testigos? La Policía debería tomar nota al menos de sus datos, saber qué hacían ahí, porque a veces en los clubes también hay menores. Hay chicas que podrían identificar a clientes que han podido cometer delitos contra ellas, pero esto no se ha hecho, y las victimas siguen teniendo la impresión de que no se preocupan por ellas”. Para Díaz, la Administración de Justicia no ha tenido, históricamente,  una posición clara de defensa de los humanos, pues “ha apoyado al cliente, que muchas veces también comete delitos (palizas, vejaciones, violaciones), y sin embargo, ha condenado a estas mujeres. Por eso no tienen buena experiencia con la justicia y es muy difícil que colaboren”.

Fuentes de la Delegación del Gobierno de Andalucía insisten en que era “absolutamente necesario” dar el  enfoque de violencia de género para combatir un problema que ha contado siempre con la permisividad social.

Gracias a esta nueva consideración, se solucionarán conflictos de competencias y se concienciará a todos los eslabones de la cadena. “La persona que trabaje con estas mujeres tiene que tener un compromiso muy fuerte con la defensa y protección de los derechos humanos. Deben formarse en igualdad, violencia de género, en investigación patrimonial… porque a veces se nos pasan casos por no saber detectar de manera precoz. Hay indicadores que tenemos que aprender a detectar y a usar”, explica Amparo Díaz. “Los juristas hemos tendido a trabajar con conceptos herméticos y la realidad es mucha más compleja, mientras esto sucedía se han vulnerado los derechos humanos de muchas mujeres”. 

La actual Fiscal Delegada de la Comunidad andaluza  para la violencia a la mujer y contra la discriminación sexual de género, María Flor de Torres, asegura que España ya está en el camino de proteger a las víctimas: “Es necesario dotar a este problema de una visión y de un tratamiento integral, al igual que se hace con las víctimas de violencia de género”. Actualmente, los casos de trata son competencia de la Fiscalía de Extranjería. En el marco de la nueva Estrategia Nacional contra la Violencia de Género estos casos podrían pasar a la competencia de la Fiscalía para la violencia a la mujer. “Es importante que se empiece a considerar a esta mujeres víctimas y no parte del delito”, insiste Amparo Díaz. “Hasta ahora ha sido un problema invisible al que se le prestaba muy poca atención, sobre todo a la recuperación posterior”, afirma María Flor de Torres. ¿Dónde están ahora esas mujeres que fueron rescatadas por la Policía? ¿Tienen trabajo? ¿Cómo es su vida después de haber pasado por esa pesadilla?

“Dignifiquemos a todas las personas y hagamos de una vez un reproche social y jurídico al fenómeno porque son vulneraciones a los derechos humanos”, insiste Amparo Díaz.

fuente: publico.es

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