Reproducción asistida, un derecho del ‘paterfamilias’

Isabel Pérez, Colectivo Lumatza

SEGÚN la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, solo los hombres tienen derecho al acceso a técnicas de reproducción asistida en la red pública de Salud. “Parejas integradas por un hombre y una mujer (…) y siempre que haya problemas de fertilidad” es la propuesta de reforma del RD 1030/2006 que establece la cartera de servicios de salud.

Lo cierto es que la normativa actual requiere un diagnóstico de esterilidad o una indicación médica para acceder a estas técnicas. Hay una gran diferencia entre esterilidad e infertilidad. La esterilidad es la incapacidad de concebir de un organismo y la infertilidad la incapacidad para finalizar la gestación.

Así, la esterilidad primaria sería la indicación o el diagnóstico médico de una mujer que, como la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sin la compañía de un hombre, soltera o lesbiana, acude a las técnicas de reproducción asistida y cumple sin problemas los requisitos del actual Real Decreto.

Así lo ha entendido el TSJ de Asturias en su sentencia del pasado 26 de abril, en la que condena al Servicio Asturiano de Salud a pagar un tratamiento que finalmente tuvo que realizarse en una clínica privada.

“(…) la Constitución ampara el principio de igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo, por lo que debemos interpretar el RD citado en ese contexto y entender que en los casos de esterilidad no puede excluir la que en términos médicos se denomina como primaria, ya que, de lo contrario, se estaría obligando a una persona de orientación homosexual a tener relaciones heterosexuales para alcanzar la procreación. Desde esta perspectiva global del ordenamiento jurídico debe interpretarse el repetido R.D. 1030/2006, lo que conduce a la estimación parcial del recurso, declarando el derecho de la demandante a que le sea facilitado el acceso a las técnicas de reproducción asistida”.

En Navarra, en Asturias, en Madrid y demás comunidades, la Administración venía discriminando a las parejas lesbianas y mujeres sin pareja interpretando que el diagnóstico de esterilidad solo podía establecerse cuando hay una pareja masculina. Pero en raras ocasiones se daba una contestación por escrito que pudiera ser recurrida ante los tribunales.

Tras esta sentencia del TSJ asturiano ya no hay dudas sobre la interpretación del Real Decreto y esta práctica discriminatoria de los servicios autonómicos de salud no es sostenible. Así que la ministra de Igualdad abandera la discriminación introduciendo el siguiente requisito “Parejas integradas por un hombre y una mujer (…) y siempre que haya problemas de fertilidad”.

Nos encontramos que, por lo tanto, para ejercer este derecho sanitario es necesario ser hombre y que una mujer esté dispuesta a ser evaluada como infértil, presumiendo el equipo médico que este hombre y esta mujer mantienen relaciones sexuales de forma habitual sin un resultado de embarazo.

Esta propuesta vacía de contenido el derecho a las técnicas de reproducción asistida de un amplio abanico de familias, homomarentales y unimarentales, esto es, todas las que excluyen de la ecuación familiar a un hombre. Aunque la ley recoja que una mujer tiene derecho al acceso a dichas técnicas, si este derecho es solo ejercitable con la presencia de un hombre, nos encontramos con que el derecho a la maternidad está supeditado al derecho a la paternidad. Dicho de otra forma, solo los hombres tienen derecho de acceso a las técnicas de reproducción asistida en la red pública.

Esta nueva cartera de servicios sanitarios sería a todas luces ilegal, puesto que tal como razona la sentencia citada, en materia de reproducción asistida, habrá que interpretar infertilidad en su contexto real, legal y social, esto es a la luz de la Ley 14/2006 de Técnicas de Reproducción Asistida y la Constitución. Dicha ley, en su artículo 6 establece que “la mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta ley con independencia de su estado civil y orientación sexual”.

El debate sobre la legitimidad de las familias unimarentales y homomarentales está ya cerrado por el legislador. Tanto esta ley, como la reforma del código civil sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo, reconocieron una realidad social que hasta el momento estaba discriminada por el derecho. Por lo tanto, no cabe argumento alguno que abra un debate que la sociedad ya ha cerrado, gracias a la lucha y al sufrimiento de quienes padecieron las consecuencias jurídicas de un estigma social que los poderes públicos deberían contribuir a erradicar y no a perpetuar.

De hecho, el Parlamento Europeo ha dictado la resolución sobre Reducción de las desigualdades en salud en la UE, el de 8 de marzo de 2011, pidiendo a los estados que no recortasen derechos sanitarios, en concreto el acceso a la reproducción asistida por parte de mujeres sin pareja o lesbianas, puesto que esto supone una evidente discriminación por razón de sexo y orientación sexual, contraria a los Tratados de la Unión de protección de Derechos Fundamentales.

A propósito del citado caso en Asturias, la ministra de aquel momento, Leire Pajín, sostuvo el argumento económico que ahora sostiene Ana Mato: “La ley de reproducción humana asistida no discrimina a ningún tipo de mujer, pero no establece si el tratamiento debe financiarse o no”.

Es perverso anular un derecho como el derecho a la maternidad valiéndose de una coyuntura económica. Las parejas heterosexuales que no pueden concebir tienen derecho a ser asistidas, las demás maternidades son caprichos que, si acaso, serán atendidos en tiempos de bonanza económica. “No hay discriminación, tan solo no hay financiación” o ” no es ideología, es tan solo un criterio médico” son afirmaciones demagógicas. Lo cierto es que el Gobierno agota sus recursos y pretende anular derechos sociales vía real decreto sin ningún tipo de debate político y social. Se trata de configurar un apartheid jurídico a través de la financiación para las familias que no son como Dios manda. Como sucedía con las antiguas bulas papales solo posible vivir en pecado si, como la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, se tiene dinero para pagar el precio.

Nos encontramos en una difícil coyuntura económica que sirve a los intereses de los mismos poderes fácticos que la han hecho posible. No es el derecho de una minoría el que está siendo sesgado, se trata de la vieja lucha por el control sobre los cuerpos de las mujeres y nuestros derechos reproductivos.

La desmantelación del llamado Estado del bienestar sirve para crear un Estado retrógrado en el que los derechos de las minorías pasan a ser lujos que no podemos pagarnos. Esto es intolerable, y como ciudadanas responsables tenemos el deber de denunciarlo, pero además, en este caso, no somos una minoría la que está siendo ninguneada.

Somos la mitad de la especie humana la que los poderes públicos están colocando otra vez bajo la tutela de un paterfamilias. Como mujeres, si elegimos ser madres, debemos tener en cuenta que el Estado sólo va a proteger un único modelo de familia.

Como mujeres, podemos elegir si compartimos la experiencia de la maternidad. Podemos elegir una pareja femenina o una pareja masculina. Pero tal elección no es neutra de cara a los poderes públicos.

Por eso este recorte de derechos nos importa a todas, ya que recorta nuestra capacidad de elección. Para tener acceso al ejercicio de un derecho sanitario necesitamos el apoyo ante las instituciones de un hombre. El derecho a la maternidad se subordina al derecho a la paternidad. Y otra vez más, nuestros derechos reproductivos se encuentran bajo la tutela del paterfamilias.

Fuente: http://www.noticiasdenavarra.com/2013/07/27/opinion/tribuna-abierta/reproduccion-asistida-un-derecho-del-39paterfamilias39

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