El maltrato ‘ocasional’ copa el grueso de las condenas por violencia de género en Navarra

Ana Ibarra – Lunes, 26 de Marzo de 2012

El 65,63% de las 547 sentencias dictadas en 2011 fueron condenatorias. 330 agresores recibieron terapia y 365 realizaron trabajos comunitarios.

Las denuncias por maltrato volvieron a repuntar el año pasado con un total de 1.227 recibidas por los diferentes cuerpos policiales por actos de violencia contra las mujeres navarras. Un paso adelante en la percepción del peligro y en la necesidad de salir de una relación instaurada de fuerza, pero ¿en qué se traducen esas demandas? Para empezar, una tercera parte aproximadamente decaen, se retiran, tal como reconoce el último informe de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Navarra.

pamplona. Por otro lado, los juzgados de violencia de género en Navarra dictaron el año pasado un total de 359 condenas (92 fueron por conformidad) y otras 188 absoluciones. O lo que es lo mismo, el 65,63% de las sentencias se tradujeron en un castigo para el maltratador. Una justicia que aplican en la actualidad los cinco juzgados especializados en Navarra en esta materia -el número 5 para penas inferiores a cinco años- más la Audiencia Provincial que juzga los delitos por asuntos de violencia que generan más de cinco años de prisión. No obstante, sumando los diferentes tribunales el número de delitos es mayor: en 2010 hubo un total de 659 condenas por maltrato (313 por conformidad), según el informe de Fiscalía.

El maltrato ocasional es el delito de género más frecuente (empujones, gritos e insultos…), con más de la mitad de las condenas, seguido por las amenazas y el quebrantamiento de la pena o la medida cautelar de alejamiento. ¿Y después de que dicte el juez sentencia qué ocurre? Que actualmente hay 22 personas cumpliendo prisión por maltrato puntual, habitual, amenazas, coacciones, lesiones o delitos contra la libertad sexual. En 2010, 55 internos cumplieron condena: presos preventivos o definitivos. Los primeros pueden haber quebrado, por ejemplo, una orden de alejamiento, “un señor que ha pegado a su mujer teniendo accidentes y con orden de alejamiento”, señala el fiscal Vicente Martín.

La mayoría de estos agresores no entran en prisión. La suspensión o sustitución de penas es una medida ya recogida en la ley estatal contra la violencia de género de 2004 para delitos leves (penas inferiores a dos años) en lugar de la cárcel, con la obligatoriedad de realizar un programa terapéutico (psicológico) y cumplir con la orden de alejamiento. En todos los casos se mide “el factor de riesgo” y se consulta para ello la valoración policial. La “suspensión” es la más habitual de las alternativas, indican fuentes del Ministerio de Interior, para penas no superiores a dos años de cárcel (por ejemplo, de seis meses a un año) a cambio de no delinquir, cumplir programas terapéuticos para agresores (un año o más) y alejarse de la víctima, además del “resarcimiento o pago de indemnización”. El plazo de suspensión es de 2 a 5 años para las penas privativas de libertad inferiores a 2 años, y de 3 meses a 1 año para las penas leves. También hay casos excepcionales de suspensión de pena, de tres a cinco años, cuando el caso está vinculado con problemas de drogodependencia y requiere un tratamiento específico.

Asimismo, la “medida sustitutiva” (por ejemplo en lugar de una condena de un año de prisión) para penas de hasta dos años de cárcel implica la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, además del seguimiento de programas terapéuticos (igual que en la suspensión de pena) y del alejamiento de la víctima, y de su “resarcimiento”. Finalmente, los jueces también pueden fijar directamente como “pena principal” la aplicación de trabajos en beneficio de la comunidad.

La memoria del servicio de gestión de penas y medidas alternativas del Ministerio de Interior, dependiente de Instituciones Penitenciarias, refleja que de 2.645 medidas alternativas dictadas en 2011, el 28,4% (753) fueron por violencia de género y violencia doméstica. En concreto, por violencia de género (relación afectiva entre la pareja y agresión del hombre) hubo 720: 353 por suspensión de condena, 16 por medidas sustitutivas y 39 por medidas de seguridad. A partir de ahí, 365 hombres realizaron trabajos en beneficio de la comunidad (hay convenios con el Gobierno foral, entidades sociales, ayuntamientos…), y 16 de ellos recibieron además programas terapéuticos. Otros 330 cumplieron de manera obligatoria los programas terapéuticos para agresores (312 por suspensión, 16 de medidas sustitutivas y 2 de medidas de seguridad) y a otros 58 se aplicaron programas específicos para problemas de drogodependencia o trastorno mental.

La cárcel refleja de este modo condenas de más de dos años (desde lesiones hasta homicidio, según el Código Penal) o de menos de dos años cuando la persona es “reincidente, y no se le puede conceder la suspensión ni la sustitución”, explican desde Fiscalía. La suspensión o sustitución se condiciona así a la participación en programas formativos de reeducación, aunque también hay proyectos voluntarios dentro de las cárceles. Así, en 2011, según datos del departamento de Justicia del Gobierno foral, 270 varones condenados por delitos de violencia de género se beneficiaron de terapias grupales e individuales -con apoyo del psicólogo- para favorecer su reinserción social, de los que la mayoría cumplían condenas alternativas. El tratamiento a hombres maltratadores tiene éxito en el 40-50% de los casos, aseguran además desde el PSIMAE (atención psicológica que presta el Servicio Social de Justicia del Gobierno foral). Destacan también que los programas terapéuticos como alternativa en prisión van en aumento (en 2010 fueron 262), y su eficacia se considera “alta”. Así, 110 recibieron el alta terapéutica lo que significa un 41%, 133 continuaban con el programa, mientras que el porcentaje de abandono o fracaso se cifra en un 10%. Desde el PSIMAE aseguran que “problemas de pareja mal solucionados” ocupan un porcentaje alto de las causas que están detrás de estas conductas violentas y que podrían haberse solucionado con un apoyo previo, admite José Antonio Echauri, en segundo lugar los factores educativos y culturales (inmigración), siendo los trastornos sociosanitarios los menos.

la prueba Lo cierto es que la condena por el denominado maltrato “ocasional” recogido por el Código Penal es el “delito estrella” en todas las comunidades: agresiones puntuales, normalmente físicas, donde “no se excluye la situación de maltrato habitual”. “Lo que ocurre es que la prueba de un maltrato habitual resulta más compleja que la de maltrato ocasional. El maltrato psicológico en cambio se considera por lo general más un tipo de maltrato habitual”, observa Martín. El fiscal destaca que muchas absoluciones se producen porque la única “prueba de cargo con la que se cuenta es la declaración de la mujer y, si ésta se acoge a su derecho de no hablar, no hay prueba para obtener una condena”. “La mayoría son delitos que ocurren en la intimidad familiar y no suele haber testigos directos”, indica. Una condena por maltrato ocasional conllevaría, por ejemplo, según el tipo de agresión, nueve meses de ingreso en prisión o de trabajos en beneficio de la comunidad, una “privación de tenencia y porte de armas”, y orden de alejamiento.

orden de protección ¿Cuál es el proceso que sigue a una denuncia? Una vez que se interpone la denuncia y llega al juzgado de violencia de la mujer se activa o no una orden de protección como medida cautelar. “Para ello hay que oír a la víctima y al imputado para determinar el riesgo objetivo”, indica. En el maltrato físico se valora a su vez si ha habido de bofetones, zarandeos, patadas… Y es necesaria la declaración de la víctima o un parte de lesiones que corrobore ese maltrato, con informe del médico forense, o si hay testigos con su declaración, agrega. En el caso de maltrato habitual se tienen en cuenta, además, informes psicológicos en los que se determine si la víctima presenta trastornos que guarden relación con los hechos.

Todas las denuncias se judicializan, pero muchas se archivan en el transcurso de la investigación porque la “víctima no muestra interés y su testimonio es esencial”. “No se condena a nadie por ser hombre; en el juicio los hechos deben acreditarse. Hay que tenerlo en cuenta todo; las agresiones mutuas entre una pareja es una doble agresión, por ejemplo. Se trata de buscar los elementos objetivos periféricos y, si ha habido llamadas amenazantes, el registro del teléfono, etcétera”, subraya Martín. “Puede haber un parte de lesiones pero no sabemos su causa y no hay posibilidad de condena”, indica. Lo mismo ocurre con las amenazas y coacciones, que se demuestran con el testimonio de la víctima: llamadas, correos o escritos, “documentando, constatando las llamadas, valorando si todo ese material es suficiente”.

El hecho de que la mayoría de las condenas sean por maltrato “ocasional” (art. 153 del CP) tiene diferentes lecturas. Así, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres exige al poder judicial “dureza y rigurosidad en las medidas adoptadas contra los agresores”, ya que, según afirma, “la mayoría” de las condenas se imponen por “delitos calificados como violencia ocasional o maltrato y no como verdadera violencia habitual, minimizando así la entidad de las agresiones y la situación objetiva de riesgo”.

También la abogada María Ortega, señala que las contradenuncias que llueven “últimamente a las mujeres que han denunciado no dejan de ser una estrategia legal de algunos abogados y personas sin escrúpulos, sin respeto al problema de la violencia estructural de género”. Y “la declaración de la víctima puede ser suficiente para condenar, pero si el juez aprecia animadversión, ya es suficiente para hablar de presunción de inocencia del maltratador y dictar una absolución”, agrega.

Fuente: www.diariodenoticias.com

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