La patronal se queja de la Ley de Igualdad de Trato

Como ya ocurriera en 2006, cuando las organizaciones empresariales arremetieron con agresividad contra la Ley de Igualdad, y amenazaron la estabilidad del diálogo social, ahora en 2011 la historia se repite contra la Ley de Igualdad de Trato, a la que atacan, intentando por todos los medios que los derechos de las personas sigan sometidos a los de las empresas, que a juicio de la patronal son los que deben prevalecer.

CEOE y CEPYME han presentado un informe en el que opinan que la Ley de Igualdad de Trato “anteta contra la libertad de empresa”.

La Ley de Igualdad de Trato eliminará las subvenciones a colegios que segreguen por sexo a sus alumnos, según explicó hace unos días, Leire Pajín, ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad.

En su análisis, la CEOE alcanza conclusiones con las que pretende hacer primar la libertad de empresa sobre el derecho a no ser discriminado por razones de sexo.

Argumenta la CEOE que la Ley “pretende hacer desaparecer modelos educativos legítimos, además de carecer de fundamentos pedagógicos, pues la educación “diferenciada” no supone discriminación, no pretende separar al alumnado ni discriminar a un sexo determinado”. En respuesta a ello, la opinión de la ministra es que “no se trata de hacer desaparecer esta educación, sino de no financiarla con dinero público”. Evidentemente, “los padres seguirán teniendo libertad de educación para sus hijos”, pero no podrá ser costeada con dinero público una educación sexista y discriminatoria que separa a los alumnos por sexos, que además carece de todo fundamento pedagógico. No se trata de prohibir este tipo de educación, sino de no permitir que se sufrague con dinero público.

La CEOE argumenta “daño moral” y añade que “supone un ejemplo de posible indefensión”, en su intento de que prevalezcan los derechos de la empresa por encima de los de las personas.

En este caso, la Ley se limita a no conceder subvenciones a los centros donde se practiquen diferencias o discriminación por razón de sexo, y en ningún caso trata de prohibir ningún tipo de actividad empresarial, como pretende hacer creer la patronal en las conclusiones de su informe.

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